Barrotes que no se ven. Dramas encerrados entre rejas. Vidas que se vuelven incompatibles con el régimen carcelario. Son historias con nombre y apellido que ahora, mediante una respuesta del Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, cobran forma de números: en las prisiones españolas hay 1.661 presos con discapacidad psíquica. Son 1.536 hombres y 125 mujeres. Son los que viven un doble calvario.
Estas cifras son el resultado de la suma de los datos otorgados por el Ejecutivo central al representante abertzale, a quien proporcionó el número de reclusos con distintos tipos de discapacidades en cada una de las cárceles españolas. Quedan fuera de este documento las prisiones situadas en Catalunya, donde están transferidas las competencias en materia penitenciaria.
De esos 1.661 presos con discapacidad psíquica, 157 están en el psiquiátrico penitenciario de Sevilla y otros 143 en el de Fontcalent (Alicante). Son los dos únicos centros de este tipo bajo la órbita de Instituciones Penitenciarias y están enfocados para los casos de "personas con patologías graves".

"Pena encubierta"

"A las personas que tienen problemas relacionados con la salud mental, están diagnosticadas y eso conlleva o tiene consecuencias en el delito por el cual entran en prisión, se les considera inimputables, lo que quiere decir que no pueden cumplir una pena. Se les pone en su lugar una medida de seguridad, que en realidad es una pena encubierta: les mandan a los psiquiátricos de Alicante o de Sevilla", afirma a Público Ana Castaño, coordinadora de Cárceles en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
El Defensor del Pueblo planteó "una remodelación integral" del psiquiátrico penitenciario de Sevilla
Tras una visita realizada en mayo pasado al psiquiátrico penitenciario de Sevilla, el Defensor del Pueblo emitió una serie de recomendaciones. Entre otros puntos, el Defensor reclama "acometer una remodelación integral del establecimiento, que incluya una ampliación sustancial del tamaño de las instalaciones y considerar la ubicación de los pacientes en unas dependencias que reúnan unas condiciones más adecuadas para la función rehabilitadora que se persigue".
También pide “"odificar el protocolo sobre contenciones mecánicas existente en el centro para indicar que la posición del paciente sea, salvo indicación médica expresa y justificada, en decúbito supino (boca arriba) con elevación discreta de la cabeza, por razones tanto médicas como de dignidad y buen trato al inmovilizado". Además, pidió "dotar al centro, de manera permanente" de un número de psicólogos y psiquiatras suficientes para garantizar una atención "adecuada a las características del centro". Estas recomendaciones figuran como "aceptadas" por el ministerio del Interior.
Fuentes del Defensor del Pueblo indicaron que el último informe relativo a la situación del hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante corresponde a 2011, por lo que la situación podría haber variado. No obstante, el sindicato ACAIP denunció en marzo de 2018 la falta de personal sanitario en ese centro.
El resto de presos con discapacidad mental se encuentran repartido en las prisiones ordinarias. Puerto III con 91 casos, Valencia con 58, Navalcarnero con 46 o León con 45 son algunos de los centros que concentran mayor número de presos en esa situación.
Existen 327presos con discapacidad intelectual
Asimismo, el Gobierno responde a Iñarritu que existen 327 presos –309 hombres y 18 mujeres– con discapacidad intelectual. A día de hoy, bajo el régimen de Instituciones Penitenciarias solamente hay dos módulos específicos para personas que se encuentran en esa situación: uno en la cárcel de Estremera y otro en la prisión de Segovia.
En noviembre pasado, Instituciones Penitenciarias anunció la creación de otros cuatro módulos para personas con discapacidad intelectual privadas de libertad en Valencia, Andalucía y Madrid. Catalunya, con las cárceles transferidas, cuenta además con un servicio propio en Quatre Camins.
Según consta en la respuesta enviada a Iñarritu, en Estremera hay 14 presos con discapacidad intelectual, mientras que en Segovia se encuentran recluidos otros 11. Los restantes 238 se reparten a día de hoy por cárceles de todo el Estado.
"Las personas con discapacidad intelectual cumplen penas o medidas de seguridad en centros penitenciarios ordinarios. Solo algunos de los centros –muy pocos, y ninguno femenino– cuentan con módulos especialmente diseñados para estas personas”, advertía el Defensor del Pueblo en un informe publicado el año pasado.
Ese organismo también recomendó al Gobierno "crear nuevos lugares especialmente diseñados para el cumplimiento de penas y medidas de seguridad privativas de libertad impuestas a personas con discapacidad intelectual, dada la insuficiencia de los pocos actualmente existentes".
Remarcó además que "la ubicación de estos lugares debe producirse fuera de las prisiones (como se deduce del artículo 96.2 del Código Penal, que se refiere al internamiento en centro educativo especial)". En caso de que esto no fuese posible a corto plazo, el Defensor del Pueblo planteó "constituir módulos especialmente diseñados para el propósito de atender a estas personas".
En el documento aportado a Iñarritu, el Gobierno señala que también hay 1.098 presos con discapacidad física. Se detalla además que existen 79 reclusos sordos y 48 ciegos, así como dos sordociegos en la cárcel de Asturias.

"Humanidad y sentido común"

"Los centros penitenciarios, ya por cómo están constituidos, son lugares muy duros para cualquier persona. Teniendo en cuenta que hay miles de presos que tienen discapacidades, esto complica aún más la estancia en ellos", afirmó Iñarritu a Público. "Desde un punto de vista de sentido común y humanidad, la pregunta que cabe hacerse es si la cárcel es el mejor lugar para estas personas", señaló.
En esa línea, el diputado de EH Bildu considera que "lo lógico sería que hubiese otro tipo de centros u otro tipo de penas". "Lo que no se puede permitir que los centros penitenciarios empeoren o agraven la situación de estas personas. Eso supondría una doble pena", remarcó.
"El impacto negativo de las cárceles es mayor en las personas con necesidades especiales", señala a Público la médico Nahia Aia, integrante de Osabideak –asociación vasca de profesionales de la medicina y juristas en defensa del derecho a la salud de las personas privadas de libertad–. En tal sentido, señala que las cárceles "están diseñadas para vigilar, no para cuidar, y menos aún en casos especiales".
"Hay muchísimas más personas con problemas diagnosticados con salud mental que plazas en los psiquiátricos penitenciarios, por lo que los presos con este tipo de diagnóstico acaban en regímenes ordinarios de prisiones normales. Esto es una barbaridad", sostiene por su parte Castaño, quien remarca que "las prisiones no están adaptadas para personas con diversidad funcional, ni siquiera los psiquiátricos penitenciarios".

Atención "adecuada"

Por su parte, Instituciones Penitenciarias admite en un apartado de su página web que hay una "elevada incidencia de problemas de salud mental entre la población penitenciaria", al tiempo que asegura que la Administración Penitenciaria dedica "un gran esfuerzo en atender y garantizar que se incardinan el debido cumplimiento de la pena impuesta y la adecuada atención sanitaria y psicológica de la persona en prisión".
"Con objeto de conseguir ambos fines, la institución Penitenciaria ha desarrollado un programa Marco para la atención integral de personas con algún tipo de enfermedad mental, su finalidad es desarrollar una labor terapéutica y reinsertadora en esta población", subraya.
Señala además que "para atender a internos con discapacidad intelectual existen programas especializados dirigidos por profesionales de la Confederación Nacional de Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (Plena Inclusión)". "En caso de discapacidad física y sensorial se adoptan las medidas necesarias para facilitar la movilidad y participación del interno en la vida ordinaria del centro", añade.